martes 22 de mayo del 2018

Cuestionan Ley de Seguridad Interna

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Cuestionan Ley de Seguridad Interna
Al vencer el plazo para la impugnación de la Ley de Seguridad Interna (LSI), finalmente fueron cinco los recursos de impugnación ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, las cuales fueron presentadas por legisladores federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un ayuntamiento poblano y el[...]


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Al vencer el plazo para la impugnación de la Ley de Seguridad Interna (LSI), finalmente fueron cinco los recursos de impugnación ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, las cuales fueron presentadas por legisladores federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un ayuntamiento poblano y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Como se recordará después de que por varios meses los legisladores federales mantuvieron congelada la iniciativa, antes de concluir el anterior periodo ordinario de sesiones finalmente fue aprobada y, posteriormente, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque de inmediato surgieron voces de inconformidad por esta acción.

Ante ello el presidente aclaró que si bien había promulgado la legislación en disputa, era una medida necesaria para que quienes no estuvieran de acuerdo presentaran sus inconformidades ante el máximo tribunal de la nación, y posteriormente se definiera si resultaba procedente su entrada en vigencia.

Cada una de las partes inconformes expuso sus argumentos para la impugnación. A criterio de los senadores del PRD, PAN y PT, la LSI viola 11 artículos de la Constitución mexicana y nueve de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Argumentaron que el Congreso carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior, existe violación en materia de derechos humanos, a las facultades que tienen los municipios y los estados en materia de seguridad pública, ante las facultades metaconstitucionales otorgadas a las Fuerzas Armadas y al presidente de la república.

Por su parte el INAI Impugnó el artículo 9, al señalar que la legislación no garantiza el derecho de acceso a la información, pues “lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva” de la misma. En el artículo 31, el Instituto considera la existencia de incertidumbre respecto a la entrega-recepción de los datos personales de víctimas, afectados, pacientes y damnificados.

En el caso de la CNDH, supone que la acción de inconstitucionalidad de la LSI viola los derechos de seguridad jurídica; de acceso a la información pública, con relación al principio de máxima publicidad y a la protección de datos personales. También se vulneran las garantías de consulta previa de las comunidades indígenas, de libertad de expresión, de libertad de asociación y el principio de inmediatez en la puesta de disposición. Se argumenta que la ley contradice los criterios establecidos sobre la subordinación de autoridades civiles a militares.

Los diputados del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano impugnaron en total 28 artículos por considerarlos contrarios a los preceptos 49 y 73 de la Constitución. Advirtieron, entre otros puntos, que la legislación viola el principio de división funcional de poderes, debido a que el Congreso carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior.

Por último el ayuntamiento de Cholula argumentó la violación a tres criterios básicos: el de la Constitución federal, que otorga a los municipios las facultades para decidir sobre seguridad pública; el que prohíbe al Presidente emitir una declaratoria para la intervención de las Fuerzas Armadas en los municipios sin mediación del ayuntamiento, y que las fuerzas armadas no pueden desempeñar funciones de seguridad pública.

Ya con todos estos antecedentes se deberá esperar a que la maquinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice tanto la LSI como las diversas impugnaciones presentadas para emitir su dictamen definitivo.

En realidad considero que esta es una decisión salomónica ya que corresponderá a los especialistas en materia de leyes expresar si procede o no la LSI o, bien, que partes deberán ser corregidas para que puede ser vigente.

Porque en verdad resulta necesario que las actividades de las fuerzas armadas, es decir soldados y marinos, sean reguladas legalmente a través de una ley, porque ellas salieron a la calle desde el 2006, en el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y a pesar de las intenciones de Enrique Peña Nieto, se mantuvo en esa situación.

Pero en este retraso de la legislación también tienen una gran responsabilidad tanto diputados federales como senadores, ya que a pesar de las solicitudes de Ejecutivo Federal como de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para que dictaminaran las iniciativas en la materia las dejaron congeladas, es decir postergaron su discusión.

Finalmente y casi de forma exprés aprobaron la legislación que si bien no es perfecta, ahora con las observaciones de la Suprema Corte podrá ser mejorada y responder a todos quienes la han impugnado,

Ahora, repito, esperar el dictamen de la SCJN, el cual ojalá sea lo más rápido posible, en beneficio de la sociedad.

Adrián Chavarría Espinosa

[email protected]


   

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