Sábado 23 de Septiembre del 2017

Tarifa autorizada con retraso

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Tarifa autorizada con retraso
Parece una burla de fin del sexenio de Eruviel Ávila Villegas, pero no es así, es un hecho real y oficial dado a conocer a través del comunicado oficial del Gobierno del Estado de México con número 36,771 emitido el pasado sábado 9 de septiembre, donde formalmente se anunció: “Aprueba[...]


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Parece una burla de fin del sexenio de Eruviel Ávila Villegas, pero no es así, es un hecho real y oficial dado a conocer a través del comunicado oficial del Gobierno del Estado de México con número 36,771 emitido el pasado sábado 9 de septiembre, donde formalmente se anunció: “Aprueba Instituto Estatal del Transporte aumento a las tarifas”.

Y se precisó en ese boletín de prensa: “Luego de concluir los estudios técnicos realizados conforme a la normatividad, que comprendió revisiones de campo en todos los derroteros del Estado de México, el Instituto Estatal del Transporte determinó incrementar la tarifa del servicio de 8 pesos a 10 pesos; mientras que el gremio transportista se comprometió a renovar unidades, capacitar operadores, instalar medidas de seguridad como botones de pánico y otorgar beneficios a grupos vulnerables.

“Como antecedente se menciona que las tarifas no se incrementaban desde el 16 de mayo de 2013, fecha en que se realizó un ajuste a la tarifa del servicio público de pasajeros”.

¿Cuál es la burla? Pues que desde principio de año los transportistas aplicaron por sus pantalones e ilegalmente ese incremento, incluso en varios casos algunas líneas imprimieron sus cartulinas para anunciar el aumento, aunque nunca fueron avaladas por la autoridad ya que carecían de los correspondientes sellos de autorización.

Esa misma autoridad hizo caso omiso de las quejas de los usuarios, quienes en muchos casos de manera prepotente les exigieron el pago de diez pesos, incluso con la amenaza de bajarlos de la unidad cuando no cubrían el ilegal aumento.

Autoridad que muy ocasionalmente y para cubrir el expediente, pretendía realizar inspecciones y verificaciones para comprobar que cuando existía alguna irregularidad se sancionaba, ya fuera con multa o enviar a la unidad al corralón, lo cual sucedió en poquísimas ocasiones pero sin mayores medidas que evitaran el ilegal cobro.

Por ello y con resignación desde hace meses los usuarios se acostumbraron a pagar los diez pesos de la nueva tarifa, sin que en verdad la autoridad impusiera la legalidad.

Ahora resta esperar que los transportistas cumplan con su parte de “renovar unidades, capacitar operadores, instalar medidas de seguridad como botones de pánico y otorgar beneficios a grupos vulnerables”, a fin de que en realidad mejore la calidad del servicio que prestan en toda la entidad.

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